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No tardó mucho en tener la certidumbre. Días más tarde, los médicos que lo atendieron en La Habana se lo confirmaron. El vicepresidente del Comité Cubano Pro Derechos Humanos (CCPDH), uno de los opositores políticos más conocidos de la isla, tenía un cáncer en el recto con un desarrollo que no le descubrieron los médicos de la cárceles donde estuvo preso. Después de varias operaciones en Estados Unidos y de que los médicos estadounidenses constataran de que el tumor tenía ya entre un año y un año y medio de evolución cuando el disidente llegó aquí en 1995, activistas de derechos humanos opinan que el caso de Arcos Bergnes es un ejemplo sólido de cómo el gobierno de Cuba niega asistencia médica a los presos políticos como forma de tortura. ``En el caso de mi padre se prueba claramente que hubo una decisión oficial de torturarlo negándole acceso a los tratamientos médicos. Por eso queremos abrir un proceso contra el gobierno cubano para demostrar que la ausencia de prestación de servicios médicos es una forma de tortura'', dijo en Miami el hijo del disidente, Sebastián Arcos Casabón. El doctor Luis Villa, presidente de la Liga Contra el Cáncer en Miami, dijo que como la enfermedad no se desarrolló de un día para otro, es increíble que los médicos en las prisiones no hayan detectado el deterioro del estado de salud de Arcos Bergnes. En una declaración pública, Villa dijo: ``El paciente se encuentra en el estadío D de cáncer rectal, con una extensión pélvica y una metástasis que afecta a los huesos''. Por eso, asumiendo que la información clínica que llegó a su poder es correcta, ``se concluye que hubo ignorancia por parte de los médicos que lo atendieron o negligencia sistemática sobre su sintomatología''. Según el presidente del CCPDH, Ricardo Bofill, este tipo de castigo no es nada nuevo. ``El procedimiento se ha empleado selectivamente contra personas que, desde la cárcel, le han ofrecido una resistencia particular y política al gobierno'', dijo Bofill. El activista agregó que negar asistencia médica a los presos no es ``una política general establecida'', pero que se emplean ``ésta y otras armas para tratar de doblegar posturas contestarias dentro de la cárceles''. El tumor fue detectado por primera vez el 2 de septiembre de 1995, cuando el doctor Jesús Martínez Carles ingresó a Arcos Bergnes bajo otro nombre en el Hospital Oncológico de La Habana. ``Tumor vegetante en la pared lateral izquierda del recto, que mide aproximadamente de 6 a 7 centímetros de diámetro y se extiende hasta los 4 centímetros del borde anal'', escribió Martínez en un informe clínico. La doctora Hilda Molina, del Colegio Médico Independiente en Cuba, es intransigente en cuanto a que no se le hubiera detectado el cáncer antes. ``Mi criterio es que hubo negligencia, porque un tumor en el recto detectado en su fase inicial obviamente no tiene que llegar a ese estadío, y en las primeras etapas las posibilidades de curación son casi completas'', señaló. ``Cuando un médico tiene delante a un enfermo, es su responsabilidad agotar todas las posibilidades de diagnóstico. Si le realizaron un tacto rectal y dicen que no encontraron nada, entonces no están diciendo la verdad. Era imposible que fuera negativo, con un tumor de esa magnitud y malignidad'', dijo Molina. Bofill agregó que el caso de Arcos Bergnes tiene antecedentes, ``que en su tiempo se informaron a la Comisión de Ginebra''. Felipe Hernández, activista de la secta Testigos de Jehová que padecía del corazón, falleció en prisión en 1983. ``Ya le había dado un infarto y la Seguridad del Estado le advirtió varias veces que si seguía predicando le iban a retirar la asistencia médica. El no abandonó su tarea; lo sacaron del hospital, y una noche se murió de un infarto sin asistencia medica'', informó Bofill. Dos años después, el abogado Aramís Taboada, que también padecía de una dolencia cardiovascular y de presión arterial alta, fue advertido de que no continuara con sus actividades políticas en la prisión. Al no acatar la amenaza, le retiraron parte del plan médico, le dio un infarto y murió. En 1972 falleció el dirigente estudiantil Pedro Luis Boitel tras hacer una huelga de hambre. Cuando ya no podía ingerir alimentos y estaba inconsciente, las autoridades carcelarias se negaron a administrarle sueros que le hubieran salvado la vida. Los activistas de derechos humanos también denunciaron en Ginebra la muerte del general José Abrantes, ex ministro del Interior, arrestado a raíz del proceso Ocho-La Guardia en 1989. ``Su familia nos dijo que sufría de dolencias cardiacas y que no recibió asistencia médica en la cárcel de Guanajay'', informó Bofill. Arcos Bergnes fue arrestado en su casa por la policía política el 15 de enero de 1992, a las 7:30 p.m. Afuera, en la calle, una muchedumbre movilizada por las autoridades le gritaba todo tipo de improperios. Tras una prolongada detención de 11 meses, fue juzgado y sancionado a cuatro años y ocho meses de prisión por el delito de ``propaganda enemiga''. Desde que ingresó en prisión, recuerda Arcos Casabón, su padre empezó a perder peso. Le apareció un abceso en un molar, con fuertes dolores, para el cual las autoridades carcelarias sólo le ofrecieron calmantes y antibióticos. Adujeron que las instalaciones de Villa Marista, la sede de la policía política, no contaban con un dentista para atender a los presos. También durante el tiempo que estuvo en Villa Marista, Arcos Bergnes estuvo ingresado en el hospital militar Carlos J. Finlay, en la capital cubana, donde le sometieron a exámenes y tratamientos, aparentemente en busca de alguna afección prostática. Al cabo de unas dos semanas, sin concluir los exámenes, dijo su hijo, fue dado de alta. Desde ese momento, la atención médica fue irregular. El 4 de junio de 1994, Arcos Bergnes fue enviado a la prisión de Valle Grande, en el suroeste de La Habana, donde pasó cuatro días durmiendo en el suelo, encerrado con presos comunes y sin acceso a medicinas y suspendidos los tratamientos médicos. Tras ser condenado en octubre, Arcos Bergnes fue trasladado a la cárcel de Ariza, en la provincia de Camagüey. A partir de ahí hasta su liberación en mayo de 1995, ``fue objeto de maltratos, constante negación de asistencia médica y ataques por parte de presos comunes'', agregó su hijo. Durante los más de tres años que estuvo preso, el activista de derechos humanos sufrió de inflamación en las piernas, en tres oportunidades le negaron permiso para hacerse un electrocardiograma, se le desarrolló un segundo absceso dental y una otitis nunca curada que lo llevó a perder la audición del oído derecho, le surgió una mancha oscura en la espalda más tarde diagnosticada como una melanodermatitis y presentó síntomas de prostatitis, pero ``jamás recibió tratamiento adecuado y a tiempo'', indicó su hijo. ``En 1993, la Seguridad del Estado propuso a mi padre que si aceptaba salir del país de forma definitiva, sería puesto en libertad de inmediato. Mi padre rechazó la oferta tajantemente, y a partir de entonces las condiciones de su encierro se hicieron cada vez más difíciles'', dijo Arcos Casabón. Fue precisamente a partir de entonces que los activistas de derechos humanos creen que el gobierno cubano empezó una deliberada campaña para deteriorar artificialmente su salud. Arcos Casabón lleva más de 10 meses abogando por el caso de su padre ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Envió a la comisión un listado con los padecimientos de su padre en prisión que produjo una ligera reacción. El hijo del activista solicitó que el caso de su padre fuera objeto de una denuncia formal y que se abriera una causa contra el gobierno cubano. ``No tenemos ningún interés en sacarle dinero a este caso'', dijo Arcos Casabón, sino ``demostrar que con el caso de mi padre se prueba claramente que la tortura en Cuba es una política oficial''. Será difícil, dicen expertos familiarizados con el funcionamiento de la OEA. Normalmente, si la comisión acepta la queja, se presenta lo que se llama un ``memorial de quejas'' con todos los requisitos, nombres, antecedentes y pruebas. La comisión entonces enviaría todo eso a La Habana para obtener una respuesta. El gobierno cubano está suspendido de la OEA desde 1962, aunque nominalmente aún es miembro de la organización. Históricamente, sólo en contadas ocasiones, ha respondido el gobierno cubano a demandas similares. ``A pesar de sus repetidos reclamos de asistencia médica, mi padre fue visto por médicos en muy pocas ocasiones, y la asistencia que recibió fue siempre muy superficial'', dijo Arcos Casabón en una carta enviada al secretario ejecutivo de la comisión, Enrique Taiana. Por ejemplo, ``tras quejarse repetidamente de un dolor permanente en la pierna izquierda, acompañado de entumecimiento y hormigueo, los médicos que lo atendieron diagnosticaron un caso de neuropatía por falta de vitaminas, y le recetaron polivitamínicos y aspirinas''. La comisión interamericana no ha dado todavía una respuesta clara y firme a la petición de Arcos Casabón. Para defensores de los derechos humanos, el silencio de la entidad es preocupante. Llamadas de El Nuevo Herald a la comisión para conocer sus comentarios sobre el caso no fueron devueltas. ``Sería inmoral que la Comisión descuidara este caso, porque la función de la comisión es velar por los pueblos, y el cubano no es ajeno a eso'', comentó la abogada y directora del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Internacional de la Florida, la nicaragüense Haydée Marín. |