Carencias y limitaciones

Aunque la SC tiene sus raíces ideológicas en la doctrina liberal, la nueva SC se nutre de los inconformes del castrismo y del Partido Comunista. Sus embriones se encuentran en el pluralismo del primer Gobierno Revolucionario (1959), la evolución del Departamento de Filosofía de la Universidad de la Habana (1964-1970) [21], los defensores de la Constitución socialista (1976) y en los ex-castristas y ex-comunistas que fundaron el Comité Cubano Pro Derechos Humanos (1976).

Estos procesos de diferenciación han sido favorecidos por la sistemática incapacidad del régimen para estabilizar y hacer crecer la economía cubana. Las reformas de los '70, revertidas en 1986 por el "Proceso de rectificación de errores y tendencias negativas", (conocido en Cuba como el «Proceso de ratificación de errores y de corrección de tendencias positivas») y los recientes paliativos ecónomicos de los '90 -la mayoría capitalistas y muy relacionados con los desdenes del poder[22]- no han logrado el despegue sostenido de la economía cubana y sí desilusionar a muchos convencidos. Los cambios introducidos, aún cuando muchos de ellos son irreversibles, se perciben como «bandazos coyunturales» y fomentan la incertidumbre: hoy se aprueba y promueve lo que ayer se condenó y queda siempre el sentimiento de inseguridad porque mañana o pasado mañana se dé marcha atrás y se emprenda otro camino[23].

Hay pocas organizaciones en Cuba defensoras de intereses particulares o clasistas. No hay ninguna asociación independiente y legal de trabajadores por cuenta propia, de inquilinos del Estado casateniente, de propietarios privados de casas particulares, de consumidores, cooperativistas, tampoco de miembros de la tercera edad[24], pensionistas retirados[25] o desempleados. A pesar de las empresas mixtas (con 53,000 asalariados en total) y de trabajadores por cuenta propia autorizados (250,000), no existen ligas o campeonatos deportivos entre estos sectores, como normalmente sucede en asalariados con actividades laborales similares.

Tampoco hay asociaciones reconocidas por el gobierno, formadas por familias con propósitos funcionales, tales como clubes de compra, bancos de herramientas, círculos infantiles autogestionados por madres, etc., aún cuando en Cuba el Gobierno fracasó en la nacionalización de la familia y hoy la economía doméstica funciona mejor que la desorganizada economía estatal.

Reina hostilidad oficial contra las asociaciones solidarias con fines no partidistas, promotoras de proyectos globales, inspirados en causas nobles, humanitarias o de bien común. Por ser multiclasistas y pluralistas, éstas asociaciones e instituciones poseen el máximo potencial democrático en la SC. Nos referimos a agrupaciones de presos, ex-presos políticos, de balseros repatriados, de madres de desaparecidos, de viudas y huérfanos de muertos en guerras internacionalistas y de veteranos de esas guerras; así como órganos populares de reconciliación, paz y reunificación familiar o de diálogo: de municipio a municipio, de iglesia a iglesia, de deportista a deportista, etc. Incluiría a centros de librepensadores, de defensores del Estado de derecho y de la cultura nacional.

Entre las ONGs autorizadas no hay siquiera una dedicada al señalamiento de inexactitudes o errores en la información pública que genera el gobierno para que sus responsables las rectifiquen, o dedicada al monitoreo civil para denunciar los abusos de los cuerpos de seguridad, los tribunales, el gobierno municipal o las empresas mixtas. Tampoco existe ninguna ONG que vigile el cumplimiento de acuerdos o tratados internacionales, regionales o bilaterales firmados por el Gobierno de Cuba.

La renuencia oficial contra las asociaciones solidarias ha sido, sin embargo, terreno fértil para el desarrollo de organizaciones de grupos de derechos humanos, todos proscritos porque son "partidos políticos encubiertos".

El régimen también se niega a legalizar partidos políticos distintos al Partido. El Artículo 5 de la Constitución de la República coloca al Partido Comunista de Cuba (PCC) sobre la sociedad y sobre el Estado para que oriente y organice todos los esfuerzos comunes que se realicen en la prosecución del bienestar de la sociedad (subrayado del autor). A pesar de este monopolio, y de poseer 600,000 miembros, el PCC no es una fuerza protagónica en Cuba como lo fueron hasta el último momento los Partidos Comunistas de la Unión Soviética y de otros países ex-socialistas.

A pesar de esta prohibición, en Cuba existen ya varias corrientes y movimientos políticos no comunistas, ilegales, pero que actúan con cierta transparencia. El régimen los contiene con el terrorismo de Estado por considerarlos de oposición. La represión contra estos «embriones de partidos políticos» (¿será eso delito?) demuestra que el bunker del totalitarismo cubano está en el unipartidismo. Toda esta cerrazón alimenta las realidades y el potencial de la sociedad civil.