El caso de las ONGs
Política titubeante de intromisión
Hasta hace muy poco, marzo de 1996, el gobierno cubano se lamentó por no tener en vigencia «una política única, consecuente, y sin blandenguerías» con respecto a las organizaciones no-gubernamentales (ONGs)20. El lamento, aunque exagerado, tiene fundamentos reales. Las ONGs, al poseer y gestionar recursos propios, de hecho operan por sí mismas, sin necesidad de apoyo estatal, y por lo tanto, tienen opciones para realizar su acción bajo cuatro alternativas: en contra del Gobierno, dentro del Gobierno, complementándolo o ignorándolo del todo. Por su parte, un Estado poderoso y vital, como pretende ser el cubano, necesita reducir al mínimo lo privado para que el peso de lo estatal gravite al máximo sobre cada ciudadano.
Hay un trato vacilante del Gobierno hacia las ONGs como parte de «la sociedad civil socialista cubana». La ambivalencia es otro resorte de poder para la dirigencia cubana. La incertidumbre que muestra el régimen en muchas situaciones -y que estarían definidas en un estado de derecho- son funcionales al sistema cubano: ley sin reglamento, abusos y corrupción por falta de controles administrativos, delitos contra el Estado definidos con imprecisión, prohibir de repente actividades autorizadas mediante la rigurosa aplicación de un texto legal caído en desuso, etc.
Como el totalitarismo no opera en la normalidad, fomenta a propósito la arbitrariedad en sus decisiones económicas, culturales, etc. La indefinición, por lo tanto, no resulta por ignorancia de los que mandan. Permite que gobernantes y gobernados no esten sujetos a reglas, derechos y deberes, conocidos previamente y de aplicación pareja para todos. Deja campo abierto a la dirigencia para imponer, según convenga, decisiones caprichosas, «por razones de Estado», que optimizan el poder estatal en Cuba sobre ciudadanos y extranjeros, y a veces, sobre los cubanos que permanentemente o por temporada residen fuera de la Isla. Hasta mediados de los '80, las ONGs fueron ignoradas o recibían poca atención en las ciencias sociales cubanas. A finales de esa década, y quizás por el hito que representa el año 86 para Cuba -el inicio de la crisis irrecuperable- el régimen las privilegió y entre 1990-93 promovió un boom de ONGs en Cuba.
El empuje reflejó, sin embargo, simpleza e ingenuidad. Se destacó -quizás por lastres de un marxismo primitivo- sólo la función económica de las ONGs como captadoras de divisas, compensadoras del recorte del subsidio soviético y cogestoras del Estado en actividades que éste no podía atender por sí solo. En ese período, el régimen le asignó a las ONGs campos específicos de acción, todos complementarios de los programas estatales en marcha: proyectos agroalimentarios, de energía, medio ambiente, educación, cultura, salud, investigación, asistencia social y desarrollo comunitario.
La acción autorizada supuso que las ONGs cubanas no trabajasen solas, sino siempre «junto al Estado, y con el objetivo común de construir el socialismo». Por lo tanto, ninguna ONG fue autorizada a prestar un servicio privado que proveyera por sí sola a sus beneficiarios. En la lista autorizada resaltan, por su ausencia, actividades sesgadas hacia lo privado, tales como: desarrollo a la micro, pequeña y mediana empresa y a cooperativas; construcción y mejoramiento de viviendas propias; evaluación popular de la administración pública local, municipal, regional, provincial o nacional; escrutinio ciudadano para garantizar los derechos sociales y económicos en las empresas estatales, mixtas y extranjeras. Tampoco pueden organizarse ONGs sobre bases raciales, étnicas o religiosas para proteger los derechos de las minorías contra los abusos y discriminaciones cometidas por los poderes públicos. Ni pueden organizarse ONGs que promuevan o asistan técnicamente y financieramente al sector informal de la economía.
Como parte del boom de ONGs de los '90, varias unidades gubernamentales, hasta entonces dependientes del presupuesto nacional -organizaciones de masas, academias, institutos, centros, uniones, asociaciones de profesionales, culturales, etc.- se transformaron "por decreto", en ONGs "autónomas". Por instantánea mutación, conocidos apparatchiks -cuadros del Partido-- siguieron al frente de las mismas o fueron asignados a las nuevas, creadas al efecto. Todavía la mayoría de estas ONGs sigue cumpliendo hoy su fiel papel de «correas de transmisión del Partido», algunas de ellas, en especial las dedicadas a investigaciones sociales, continúan nutriendo a los aparatos de seguridad con lecturas de opinión pública, informaciones estratégicas y análisis socio-políticos sobre los comportamientos y aspiraciones del pueblo.
El boom de ONGs fue aprovechado también por "antiguas ONGs" para propósitos distintos a los oficiales. Tal fue el caso de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), que desde 1990 realiza proyectos en beneficio de sus miembros. La ANAP prueba cómo una organización de masas, aun de orientación gubernamental, puede liberarse ocasionalmente de los controles estatales. La ANAP es notoria porque el régimen nunca ha sido capaz de poner en marcha una política agrícola eficaz. Para justificar su ineptitud trata al campesinado como «clase incómoda» en la construcción del socialismo: no sabe dónde ponerlo ni qué hacer con ellos. Mientras tanto, el güajiro cubano lleva 37 años cabeceando con éxito la estatización y colectivización de la agricultura, a costo de un manifiesto desvarío moral (hurto, violencia, pérdida de amor por lo suyo, etc.) que afecta mayormente a los jóvenes rurales.
Cáritas
Cáritas es un caso de la comunidad de ONGs cubanas que resalta. Es el organismo de servicio de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba. Desde su fundación en 1991 funciona sin personería jurídica propia, aunque usa la misma de la Iglesia.
Cáritas presenta un extraordinario reto para el castrismo. No admite ser llamada ONG porque se autodefine como Iglesia, es Iglesia y actua dentro de la Iglesia, aunque ayuda a católicos y no católicos. Sus trabajos no complementan a los de ninguna organización estatal. Si el Gobierno atentara contra ella, atentaría contra la misma Iglesia: la única religión en Cuba con jerarquía universal, amplia base social en casi todos los países del mundo y un Estado muy poderoso, sin militares y con una efectiva diplomacia.
Hasta la fecha, se estima que Cáritas ha canalizado más de 20 millones de dólares en ayuda humanitaria, provenientes en su mayoría de donaciones del catolicismo norteamericano.
Empezó con pocas acciones, pero en su corta vida, ha «diversificado su presencia» y evoluciona hacia «ayudas más individualizadas». Además de la tarea inicial autorizada por el Gobierno -recibir y distribuir alimentos y medicinas a la población- Cáritas rehabilita viviendas para daminificados de ciclones, de inundaciones y otros desastres; distribuye medicinas para enfermos crónicos (diabéticos, asmáticos, hipertensos, corazón, etc.); provee hogares para niños huérfanos de amparo filial; capacita a madres para que operen círculos infantiles vecinales; promueve a niños provenientes de hogares desbaratados; da asistencia a padres con hijos que padecen del Síndrome de Down, y mantiene varios ensayos de desarrollo social en zonas rurales. Algunos de los nuevos proyectos de Cáritas conllevan colaboraciones tripartitas, con la burocracia estatal y otras instancias (Poder Popular, ANAP, cooperativas, hospitales, etc).
Cáritas enfrenta, por ahora, tres carencias sustanciales en sus operaciones: transporte para recibir y repartir materiales y mercancias, almacenes para depositarlos y ditribuirlos, y medios masivos de divulgación para comunicarse con los beneficiarios actuales y potenciales. Estas facilidades y medios pudieran empezar siendo de propiedad estatal, asignadas en administración a Cáritas por el Gobiernao cubano, con derecho a compra futura, y pasar a propiedad de Cáritas en la fecha concertada.
Entre sus proyecciones se encuentran la promoción y consolidación de empresas familiares, organizadas entre desempleados y la adquisición de almacenes y transportes propios. Cáritas no cofinancia proyectos estatales de desarrollo.
A pesar de sus carencias y limitaciones, Cáritas opera con más grados de libertad en Cuba que el resto de las ONGs cubanas. Debido al apoyo y cobertura institucional y financiera que recibe de la Iglesia Católica cubana y del resto del catolicismo mundial.
Fundación Pablo Milanés
Otras organizaciones cubanas no han tenido la misma suerte que Cáritas. Tal es el caso de la Fundación Pablo Milanés (FPM), recientemente cerrada por el Gobierno. Este caso demuestra que ni siquiera las ONGs gubernamentales están libres de las arbitrariedades del Estado cubano. La FPM era una ONG cultural, legalizada en 1993, la única de su tipo en el país. Fomentaba talentos jóvenes del mundo artístico y había logrado cierta autosuficiencia financiera. Sus ventas, la mayoría en divisas, iban a parar, en alta proporción, al Gobierno en pagos de servicios e impuestos. Entre sus proyecciones a corto plazo estaban abrir un estudio de grabaciones, una emisora de radio y tiendas de ropa juvenil con diseños propios.
Se citan dos motivos para su cierre: competencia estatal por las divisas netas que dejaban sus operaciones y porque la Fundación «se independizó demasiado». «Era una alternativa no estatal» y «los escritores y artistas ya comenzaban a sentir algún respiro institucional en su proyectos personales» El Ministerio de Cultura, en un acto insólito para la comunidad internacional de ONGs, intervino la Fundación, despojó a la directiva del patrimonio y trasladó sus bienes y proyectos a varias dependencias gubernamentales. La FPM pasará a la historia como la primera ONG gubernamental, disuelta por el Gobierno cubano, por desviarse del modelo oficial y ser muy autónoma.
Pudiera afirmarse que el Gobierno todavía ejerce demasiada injerencia estatal en los asuntos internos de las ONGs autorizadas. Por ejemplo, según la Ley 54 de Asociaciones y el Código Civil (Artículos 39, 396 y 397), ambos vigentes desde 1985, la inscripción de una ONG en Cuba, necesita el auspicio de una institución estatal que la adopte y la acepte como complemento de sus acciones programáticas (subrayado del autor). A partir de ese momento, los funcionarios estatales tienen el derecho de asistir a las reuniones de la directiva de la ONG e inspeccionar sus libros. Periódicamente, la entidad estatal debe constatar ante el Gobierno que la ONG sigue fiel al propósito inicial declarado. Sin duda, estos requisitos, extraños a las ONGs en el resto del mundo, desnaturalizan la esencia no gubernamental de las ONGs cubanas.
La intromisión del Gobierno cubano en las ONGs pone en duda la autonomía en Cuba de las organizaciones no gubernamentales, es decir, la existencia de auténticos organismos privados de auxilio o desarrollo. El día que el Gobierno cubano responda afirmativamente, con hechos, a las siguientes tres preguntas, entonces la comunidad internacional de ONGs quedará convencida que en Cuba existen organizaciones no gubernamentales, no gubernamentales (y valga la redundancia):
1. ¿Pueden las ONGs cubanas prestar servicios que ya no brinda el Gobierno cubano o que todavía los brinda pero que estan deteriorados en cobertura o calidad?
2. ¿Puede una ONG cubana con fondos recibidos del exterior, realizar un proyecto que beneficie directamente a poblaciones necesitadas, según hayan sido identificadas en las políticas nacionales de desarrollo, sin que tenga que cogestar sus actividades con las del Gobierno?
3. ¿Puede una ONG internacional operar en Cuba por sí sola, o en coordinación con otra ONG cubana seleccionada por la internacional, para realizar proyectos de desarrollo personal, familiar, comunitario, municipal o regional?