A partir de estas premisas y de este brevísimo recuento, es conveniente situarse en el plano cubano. ¿Qué ha sucedido en nuestra sociedad ante este cambio fundamental de perspectiva? Ha ocurrido una curiosa dicotomía: casi toda la oposición, a partir de los años setenta, desde el surgimiento en Cuba del Comité Cubano pro Derechos Humanos y de Of Human Rigths en el exilio, hasta las propuestas de la Plataforma Democrática Cubana y el Proyecto Varela impulsado por Osvaldo Payá en los noventa, ha ido tácita o explícitamente renunciando a la violencia y alineándose en la nueva corriente ética y jurídica prevaleciente en Occidente.  Pero mientras esto sucedía entre los demócratas de la oposición, los defensores del castrismo no se han movido un milímetro de los viejos modos brutales de razonamiento y de comportamiento, como se confirma en episodios como la matanza de los refugiados que huían en el barco «13 de marzo», en el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, en el trato dado a los disidentes dentro y fuera de las cárceles, y, sobre todo, en la cínica negación de que el gobierno cubano fuera un violador sistemático de los derechos humanos, tal y como atestiguaban las organizaciones internacionales más solventes y objetivas, tras examinar una y otra vez los testimonios de las víctimas.

No obstante, un día, acaso no muy lejano, terminará la dictadura cubana y comenzará la transición hacia el modelo de democracia plural y economía de mercado que hoy impera en buena parte del planeta, ya sea como realidad o como meta deseable. En ese instante surgirá el dilema inevitable que han debido enfrentar muchos de los pueblos abocados al cambio: qué hacer con nuestro pasado. ¿Condenar a los «culpables»? ¿Señalar a los criminales y dejar impunes sus crímenes? ¿Pasar la página y olvidar el pasado?  Cualquier opción está llena de peligros y de no pocas arbitrariedades. La primera dificultad está en enmarcar temporalmente los hechos que se quieren enjuiciar, tanto moral como jurídica o políticamente. Hace muy pocas fechas moría en Miami, a los 87 años, un coronel de la policía de Batista, responsable de numerosos crímenes. El hijo de una de sus víctimas, también exiliado en Miami, celebró su muerte sin contemplaciones. Castro le había hecho daño, pero mucho más, en el terreno estrictamente personal, se lo había hecho Batista. ¿Dónde se sitúa el calendario de las responsabilidades? ¿Deben pedir perdón los terroristas que combatieron la dictadura de Castro? ¿Por qué no los terroristas que combatieron la dictadura de Batista? ¿No suelen recordar los castristas, muy ufanos, «la noche de las cien bombas» que estremecieron La Habana? ¿Deben pedir perdón los alzados que asesinaron al maestro Conrado Benítez? ¿Por qué no los militares que fusilaron a cientos de campesinos rebeldes durante lo que el gobierno cubano llamó «la limpia del Escambray» o «Lucha contra bandidos»?  ¿Cuándo comenzaron a ser repugnantes los crímenes de Castro, en la misma Sierra Maestra, donde algunos campesinos fueron ejecutados por meras sospechas de colaboración con el enemigo, como relató en su espléndido libro La revolución cubana: una versión rebelde el abogado Lucas Morán Arce, miembro del «26 de Julio» y horrorizado testigo de aquellos hechos siniestros? ¿En los primeros meses del 59, cuando casi toda Cuba aplaudía las ejecuciones sumarias de los supuestos esbirros, o poco después, cuando comenzaron a caer los revolucionarios?

Y a esta imposibilidad de trazar una raya en el tiempo y precisar cuándo, exactamente, surgió la injusticia, se añade otra melancólica circunstancia: los gobiernos totalitarios, caracterizados por no dejar espacio a la indiferencia o a la automarginación, producen torrentes de cómplices de la barbarie. ¿Quién es más culpable de atropellar al prójimo: el guardia con nombre y apellido, estúpido y brutal, que golpea a culatazos a un prisionero indefenso, el que asesinó a mi amigo Alfredo Carrión Obeso en la cárcel de Melena II, o el matón anónimo que participa en una turba que maltrata, humilla y veja a una persona cuyo único «delito» es haber manifestado su deseo de abandonar el país, como ocurrió mil veces durante el éxodo del Mariel? ¿Es peor −aún cuando admitamos que se trata de una persona despreciable− el militar que preside un tribunal revolucionario que condena a muerte a meros sospechosos de delitos políticos, o ese agitador del partido comunista que organizó un acto de repudio contra aquel desdichado maestro de inglés de un instituto habanero al que los estudiantes mataron a patadas por ser enemigo de la patria? ¿Y qué hacemos ante uno de aquellos adolescentes participantes en el crimen, entonces un homicida furioso, quien andando el tiempo se convirtó en un adulto crítico y, por lo tanto, en una víctima del sistema?

Lo que trato de decir es que en una triste historia, como la nuestra, no hay un puñado de culpables vesánicos, sino centenares de miles, quizás millones de personas que directa o indirectamente han colaborado con los crímenes, con los abusos, con las humillaciones infligidas a otros tantos compatriotas nuestros. A lo que intento agregar otro matiz tan lamentable como importante: esa conducta deleznable no sólo es o ha sido la consecuencia de la imposición de un grupo de gentes malvadas marcadas por una ideología implacable. Es y ha sido, en lo fundamental, el resultado de una determinada escala de valores prevaleciente en el seno de nuestra sociedad. Escala de valores que hoy, felizmente, parece estar llegando a su fin tras la experiencia lamentable del castrismo y la colaboración indirecta de una atmósfera internacional mucho más hospitalaria con la diversidad, la tolerancia, el respeto por las normas, las actitudes compasivas y el culto por la democracia.