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Mucho que lamentar, nada que celebrar |
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Por Armando Añel
Publicado en el Diario Las Américas el 10 de Diciembre de 2007
Un ejemplo paradigmático es el del régimen cubano. Condenada en infinidad de oportunidades por la ONU, precisamente por su política estructural de violación de los derechos individuales, resulta que La Habana ocupa no un puesto en el banquillo de los acusados, como indica su historial represivo, sino un asiento en el Consejo supuestamente llamado a poner coto a dichas violaciones. El reciente ingreso a Cuba del relator especial de Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, el suizo Jean Ziegler –un izquierdista de la vieja guardia-, y sus posteriores declaraciones, revelan a qué abismos ha descendido este organismo internacional en su huída hacia delante.
Con la nomenclatura cubana apoltronada en el Consejo de Derechos Humanos, éste refrenda su condición de réplica maquillada de su predecesora –la antigua Comisión de Derechos Humanos–, víctima de dos señas de identidad complementarias: su connivencia con gobiernos represivos y su clamorosa incapacidad para sancionar a los mismos. Al permitir que sus miembros sean elegidos por una mayoría simple de la Asamblea General, el organismo vuelve a arropar a regímenes delincuentes, dado que es público y notorio el relativismo, la insensibilidad y el desprecio a los derechos individuales que caracterizan a la mayoría de los gobiernos integrantes de Naciones Unidas.
Allá por la primavera de 2006, Estados Unidos había exigido que los miembros del organismo demostraran un compromiso firme con la protección y promoción de los derechos humanos, que los candidatos a conformarlo resultaran elegidos por las dos terceras partes de la Asamblea General y que cualquier gobierno bajo sanciones del Consejo de Seguridad por violaciones o terrorismo, fuera excluido categóricamente. Asimismo, según la visión estadounidense, el Consejo en funciones debió poder celebrar reuniones periódicamente y tener capacidad de convocar sesiones adicionales cuando se requiriera.
Como ya ocurriera con la agonizante –y finalmente revivida– Comisión, pero multiplicando ad infinitum sus dislates e incongruencias, el nuevo organismo sigue haciéndose el sueco frente al siempre espinoso asunto de las violaciones de los derechos humanos. La inclusión del régimen castrista constituyó su piedra de toque primigenia, y el episodio se ha saldado, y continúa saldándose, con el más escandaloso descrédito.
En cualquier caso, la Comisión Cubana de Derechos Humanos denunció recientemente que el castrismo desarrolla una campaña de “represión política preventiva” con el objetivo de desalentar las actividades programadas por la disidencia interna para este 10 de diciembre.
En los últimos días fueron detenidos más de treinta disidentes en la capital de la Isla, y en la oriental Santiago de Cuba la policía irrumpió por la fuerza en una iglesia –“echando gases y dando golpes”, según testigos presenciales- para detener a varias decenas de opositores. Un episodio inédito en medio siglo de totalitarismo caribeño, y que ha desencadenado la protesta de algunos representantes de la jerarquía católica en la Isla, tanto más moderada cuanto menos le pisan el pie.
Varias son las actividades concebidas por la oposición cubana para este lunes, en ocasión del Día Internacional de los Derechos Humanos. Por ejemplo, el médico disidente Darsi Ferrer, director del opositor Centro de Salud y de Derechos Humanos Juan Bruno Zayas, ha organizado una marcha simbólica en el barrio habanero de El Vedado, en protesta por “la inmoral e ilegal política de apartheid impuesta por el gobierno”. Cabe desear que la represión gubernamental no degenere en ensañamiento, al más puro estilo castrista. Al más puro estilo raulista.
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