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Medios de Comunicación en Cuba: La Restauración del Espacio Público

Wilfredo Cancio Isla

El 26 de octubre de 1987 se produjo en La Habana un acontecimiento político que a pesar de relacionarse con la figura de Fidel Castro y las nuevas generaciones de estudiantes universitarios, no constituyó noticia en la prensa oficial cubana.  Ese día los estudiantes de la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Habana se reunieron por más de 12 horas con el Líder Máximo y otras connotadas figuras de la nomenclatura cubana, para sostener una conversación sobre el papel de la prensa ante las difíciles condiciones que enfrentaba el país (los tiempos en Cuba siempre han sido difíciles).  A este supuesto “debate abierto entre revolucionarios” —valga decir que celebrado a puertas cerradas— asistieron además los profesores de esa entidad docente y todos los directores de los medios nacionales de comunicación, por lo que era de esperarse una cobertura noticiosa de primer impacto.

Los pormenores de aquella reunión corrieron al día siguiente a lo largo del país, mediante las más efectivas vías de comunicación que han tenido los cubanos en las últimas cuatro décadas: las charlas personales, la conversación de esquina, el chismorreo de pasillo (excluyo el teléfono por razones obvias).  Ni el disciplinado diario Granma, ni los noticieros radiales y televisivos, dieron cuenta del suceso, que en las siguientes semanas abriría paso a un exaltado proceso de análisis y ajustes de cuentas en las instancias universitarias y en los colectivos estudiantiles.

Las coordenadas del asunto estaban bien claras: en un modelo ejecutivo de comunicación,[1]la información sólo es bien recibida (y aceptada) si contribuye a los intereses de ejecución de la política.  Y en este caso, los 276 futuros periodistas que asistieron al trascendental encuentro con la más alta dirigencia del país, no habían dado muestras de la confiabilidad ideológica y la responsabilidad patriótica con que proverbialmente se identificaba a las nuevas generaciones  —nacidas con la Revolución— a través de la prensa cubana. 

En efecto, los jóvenes habían desafiado la omnipotencia de la dirigencia política cubana, enviando un cuestionario de 96 preguntas sobre los más polémicos tópicos de la vida nacional, en el cual aparecían abordados desde el triunfalismo de la prensa cubana, la escasez de crítica y el maniqueísmo informativo, hasta asuntos más conflictivos de la crisis en el sistema socialista, las llamadas guerras internacionalistas y el  culto a la personalidad que se evidenciaba como tendencia creciente de la vida pública.  Según los organizadores, la reunión tenía como propósito dilucidar dudas y orientar a los estudiantes por el camino correcto, toda vez que ellos serían, en un futuro cercano, trabajadores ideológicos de primera fila.

Pero del modo en que transcurrió aquella jornada —con inusitados careos, decepciones dolorosas e incertidumbres al por mayor— resultó demasiado perturbador como para convertirlo en un tema de interés periodístico desde la perspectiva del poder político. De manera que una versión única de los hechos —grabada y editada por las oficinas del Consejo de Estado— fue presentada ante algunos círculos de militantes comunistas para alertar sobre ciertas desviaciones ideológicas entre los jóvenes y justificar así otra oleada de purgas y reafirmaciones en el ámbito universitario.

He acudido a esta referencia anecdótica, porque me parece tremendamente ilustrativa de un momento histórico en la vida del país, pero también de los tenebrosos mecanismos de censura y represión ideológica implantados en el sistema comunicativo cubano por más de 40 años.  Esta reunión dio muestras de la efervescencia crítica y los desplazamientos ideológicos que se produjeron en la sociedad cubana de los 80s, cuando comienzan a sentirse los primeros efectos internos de la crisis del socialismo del este europeo, específicamente entre la más joven intelectualidad del país. Para muchos, estudiantes y profesores que allí estábamos fue una devastadora confirmación de que la proclamada voluntad oficial para producir cambios en los medios de comunicación, tomando en cuenta los estados de opinión, actitudes y reclamos profesionales de los periodistas, era puro juego a la noria.

La crisis económica que sobrevino con el desmantelamiento soviético y la desaparición del bloque socialista europeo trajo aparejada una drástica disminución de la prensa escrita y de los espacios radiales y televisivos a lo largo del país. Pero este panorama de restricciones  materiales no es tan alarmante como la atrofia heredada de un modelo comunicativo partidista —deudor del legado leninista sobre la propaganda y la agitación—, que se aferra a la centralización de las decisiones y al control estricto de la información.

El funcionamiento del modelo de prensa cubano está sustentado por un esquema transmisivo lineal,  estrictamente verticalizado, con una concepción de los medios informativos como meros instrumentos ideológicos.  El llamado “síndrome del misterio” (ocultamiento de información bajo censura deliberada con el pretexto de que revelar deficiencias internas es entregar armas al enemigo), ha sido la deformación burocrática de una actitud de fiscalización de los diversos niveles y dependencias gubernamentales en la vida nacional.  Los temores a la revelación y a la crítica pública son propios de las estrategias de guerra, y el periodismo oficialista ha hecho un generoso servicio a la mentalidad de fortaleza sitiada, que proviene de las altas esferas de gobierno: silenciar todas las divergencias en aras de la unidad frente a una confrontación inminente.  Fidel Castro ha sido un virtuoso estratega de esta espera del Godot agresor que nunca llega, pero que le permite gobernar más cómodamente y establecer estrategias propagandísticas de gran efectividad.

Desde esta perspectiva paralizante, el discurso oficial ha subvertido la responsabilidad social de la prensa en un concepto de utilidad totalitaria.  No es casual que los periodistas sean definidos —y se autodefinan— como trabajadores ideológicos, soldados de la primera línea, “un destacamento dispuesto a cumplir cualquier misión”.[2] Esto es, ejercer sus funciones profesionales bajo un férreo tutelaje de las disposiciones partidistas. El contexto inhibe la iniciativa personal que es fuente de toda creatividad y los intereses periodísticos quedan doblegados, en última instancia, por la estrategia de conducción política.

De hecho, los esfuerzos de muchos periodistas por ejercer su función informativa con un enfoque científico y moderno, han tenido resultados fragmentados y discontinuos. Ha sido muy frecuente en el quehacer profesional de estos años, trastocar la actitud de búsqueda y replanteo del conocimiento en un acto pseudoinvestigativo mediante el cual el periodista se aproxima a la realidad a seleccionar ejemplos para validar una propuesta preconcebida sobre esa realidad y no para formular nuevas interrogantes a través de su investigación.  Los contratiempos a la hora de publicar o transmitir imponen siempre una etapa de incertidumbre —sobre todo en los más jóvenes— pero la lección se llega a asumir con resignación: es más eficaz y menos conflictivo registrar solamente las respuestas previstas.

No hay que esperar mucho de un sistema de comunicación donde el derecho de los ciudadanos a la información aparece escamoteado desde la propia Constitución de la República, rectificada en 1992. Dice el Artículo 53 de la mencionada carta magna: “Se reconoce a los ciudadanos libertad de palabra y de prensa, conforme a los fines de la sociedad socialista. Las condiciones materiales para su ejercicio están dadas por el hecho de que la prensa, la radio, la televisión,  el cine son propiedad estatal o social y no pueden ser objeto, en ningún caso, de propiedad privada, lo que asegura su uso al servicio exclusivo del pueblo trabajador y del interés de la sociedad”.[3]

Cinco años después de esa “advertencia constitucional”, la vulnerable situación socioeconómica del país y el creciente auge del movimiento de prensa independiente, obligaron al régimen a dictar disposiciones para evitar “excesos informativos” tanto de corresponsales extranjeros como de los periodistas independientes.  En junio de 1997, las autoridades cubanas dieron a conocer la resolución 44/97, en cuyos artículos se subordina el ejercicio del periodismo a los criterios oficialistas sobre términos tan ambivalentes como “objetividad” y “ética”, y se llega a exigir la presentación de pruebas de trabajos publicados o transmitidos como requisito para renovar la documentación como corresponsal extranjero.

El complemento de esa “advertencia para foráneos” se produjo meses después, en diciembre de 1997, cuando el parlamento cubano aprobó la  Ley de la Dignidad y la Soberanía Nacional, más conocida como ley mordaza, que establece condenas de entre tres y diez años para quienes violen sus mandatos. En esencia, es la primera legislación cubana que criminaliza el hecho de transmitir información a medios extranjeros, al afirmar en su artículo 8: “el peso de la ley caerá sobre toda persona que de forma directa o indirecta colabore con los medios de información del enemigo”.

El rediseño del actual modelo de comunicación es uno de los retos esenciales que tiene ante sí la sociedad cubana  de cara al futuro. Cualquier transformación deberá partir del reconocimiento de que los procesos de comunicación, sus instituciones, dispositivos de producción y códigos de reconocimiento, constituyen una problemática articulada a la evolución cultural y a la identidad nacional en cualquier país.  Por ello, cualquier alternativa de cambio social en Cuba tendrá que plantearse la cuestión del modelo de comunicación autóctono en medio de un panorama internacional dominado por la expansión de los canales informativos, el impacto de las nuevas tecnologías y la consiguiente activación de nuevos modos comunicativos en la sociedad civil.

Como formadores del imaginario colectivo de la nación cubana, los medios de comunicación tiene ante sí el reto del reencuentro con formas auténticas de expresión democrática, hoy desaparecidas o degradadas.  En otras palabras, repensar el modelo de comunicación en virtud de la vigencia de ciertas matrices culturales deviene un asunto de soberanía nacional y se convierte en un desafío en la restauración de un espacio público, ahora ocupado por el discurso unívoco y omnipresente de los medios oficialistas.

En consecuencia merecen estudiarse los siguientes antecedentes y elementos valorativos:

Al reconocer el derecho a la libre expresión del pensamiento, la Constitución de 1901 proporcionó un respaldo legal para el auge de publicaciones de todo tipo y para la consolidación de una plataforma de comunicación propia, no ajena a las tradiciones culturales heredadas. 

La modernización tecnológica, el éxito económico del periodismo de empresa y el influjo de nuevos planteos informativos, favorecieron una actividad publicística sin precedentes, quebrantada en su continuidad por períodos de suspensión de libertades públicas y férrea censura —especialmente durante los gobiernos de Gerardo Machado (1925-33) y Fulgencio Batista (1952-58).

La consolidación del periodismo de empresa afianzó el profesionalismo de los grandes diarios, con el establecimiento de redacciones fijas y la consiguiente diferenciación del reportero y el articulista.  Ya desde los años 20s coexistían en La Habana tres poderosas empresas periodísticas (El Mundo, El País y Diario de la Marina)  y además se editaban alrededor de una veintena de periódicos capitalinos y del interior del país, que fueron adoptando paulatinamente las tipologías impuestas por la normalización del proceso industrial.  Junto a estos, figuraron en el panorama editorial cubano múltiples periódicos ocasionales —vinculados a intereses personales o coyunturas políticas— y publicaciones obreras y estudiantiles que, a pesar de sus limitaciones financieras y tipográficas, representaron una interesante alternativa de comunicación popular.

Aunque el periodismo cubano había nacido y se había desarrollado bajo una fuerte ascendencia española y francesa, el portentoso desarrollo de la prensa norteamericana desde finales del pasado siglo y la influencia de sus instituciones periodísticas, condicionó una rápida asimilación no sólo de fórmulas redaccionales y propuestas normativas desde el punto de vista informativo, sino también de un modelo de comunicación sustentado en el reconocimiento histórico-legislativo de la libertad de expresión y en principios generales sobre el derecho a la información en un sistema democrático.

La Constitución de 1940 legitimó el derecho a la información como conformador de la opinión pública y lo articuló como valor esencial de las prácticas de comunicación en la vida nacional, aunque sin que pueda hablarse de políticas orgánicas sobre el papel de los medios en el desarrollo social y cultural. 

La expansión comercial de los mass-media  que tiene lugar en los años 40s y 50s se identifica con una apoteosis de la publicidad y la estandarización de los contenidos informativos y las producciones culturales en función del consumo masivo, sobre todo a partir del protagonismo creciente de la televisión en la escena nacional.  El momento es de consolidación monopolista de los medios privados y de permeabilidad ante la influencia cultural norteamericana. Pero incluso sería recomendable revisar  en el período el alegato de La Historia me Absolverá, donde el entonces joven abogado Fidel Castro hace reconocimiento de los valores del sistema de comunicación bajo la democracia representativa: “Existía una  opinión pública respetada y acatada y todos los problemas de interés colectivo eran discutidos libremente.  Había partidos políticos, horas doctrinales de radio, programas polémicos de televisión, actos públicos y en el pueblo palpitaba el entusiasmo”.[4]

Con el cambio político de 1959, Cuba experimentó la más extrema forma de resignificación e intervención estatal en casi todas las formas de expresión.  El gobierno revolucionario adquirió el control de uno de los sistemas de medios de comunicación más desarrollados del continente, con el mayor índice de televisores percápita y el quinto lugar en cuanto a distribución de ejemplares de prensa entre todas las naciones latinoamericanas (70 por cada mil habitantes).

Tras cuatro décadas de monopolismo estatal, la precariedad e inoperancia social del sistema de comunicación cubano resultan ostensibles.  Pero si bien la crisis prolongada de los 90s ha potenciado una revitalización propagandística de los contenidos periodísticos con su consiguiente carga retórica, el mapa comunicativo de la isla comienza a mostrar algunas señales de diferenciación:

1. La reorientación económica de la vida nacional ha traído consigo la readecuación de perfiles editoriales y la aparición de otras publicaciones concebidas en términos comerciales (Cartelera, el semanario Opciones), que se distribuyen en moneda convertible, lo que ha creado un canal paralelo de referencia comunicativa desmarcado del autoritarismo ideológico del modelo tradicional.

2. El resurgimiento de la publicidad comercial, especialmente orientada hacia el turismo, que está gestando focos de corporativismo en la red institucional.  (Ahora la actriz Consuelito Vidal aparece promoviendo, nuevamente, el jabón Rina en los mercados de venta en dólares).

3. El singular papel que han jugado publicaciones socio-culturales editadas por instituciones artísticas y centros de investigación.  Aunque sin un acceso masivo a la población, revistas como La Gaceta de Cuba y Temas, han explorado zonas de reflexión desde una perspectiva desmarcada del control oficialista y muchas veces problematizadora.  No es de extrañar que en informe del Buró Político de marzo de 1996, Raúl Castro se refiriera a algunas de estas publicaciones fustigando el hecho de que habían incluido en sus páginas materiales que “apenas se diferencian de los que hacen académicos norteamericanos enemigos de la Revolución, con un lenguaje supuestamente revolucionario que parece destinado a servir de cortina de humo a sus verdaderas intenciones”.[5]

4. El renacer de las publicaciones religiosas,  que suman ya 15 en todo el país. Especialmente significativas Vitral y Palabra Nueva, promovidas por la Iglesia Católica.

5. La supervivencia y funcionamiento de las asociaciones de prensa independiente, que constituyen un desafío al mecanismo centralizado de la información y que aprovechan las oportunidades de circulación en el espacio cibernético, con apoyo desde el exterior.

6. La creación de formas de comunicación pública con canales autónomos al margen de los medios oficiales (emisoras extranjeras, publicaciones y libros de circulación privada o mediante las bibliotecas independientes, acceso clandestino a la televisión por satélite, bancos clandestinos de películas en vídeo), devienen expresiones latentes de cambio social.

Estas son las problemáticas que interrogan hoy al panorama comunicativo cubano a la entrada del siglo XXI. Si atendemos a la magnitud de los cambios en losa modelos de comunicación de los países del Este europeo y las formas de privatización de sus medios masivos,[6] los pronósticos para el caso cubano no dejan de ser preocupantes. El peligro está en que las necesidades colectivas de información queden subordinadas irrestrictamente a la rentabilidad comercial.

La restauración del espacio público y la democratización de las viejas estructuras centralistas cobran sentido estratégico para poder comenzar a hablar de comunicación y reconciliación entre cubanos, al tiempo que se produzca la revitalización del Estado como real representante de los intereses ciudadanos.

Ojalá que en las prácticas de comunicación de la Cuba futura no tengamos que padecer lo que Néstor García Canclini llama simulacro de la democracia, y evitemos así que el totalitarismo resurja en los hábitos cómplices que por cuarenta años nos impusieron fórmulas dogmáticas de informar,  pensar y relacionarnos. Para entonces aquella fatigosa reunión de 1997,  a puertas cerradas con el Líder Máximo, será un recuerdo con raro sabor a antigüedad.

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WILFREDO CANCIO ISLA (Sancti Spíritus, Cuba, 1960).-  Fue profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana (1983-1994) y ejerció la crítica teatral y cinematográfica en publicaciones como Tablas, Revolución y Cultura, La Gaceta de Cuba.  Integró el consejo editorial de la revista Cine Cubano.  Reside desde 1994 en Miami.  Trabajó como profesor en Barry University (Florida) y como corresponsal de Radio Bilingüe (California) en Miami.  En 1998 obtuvo su Doctorado en Ciencias de la Información por la Universidad de la Laguna (España). Tiene en proceso de edición un libro sobre el periodismo de Alejo Carpentier. Actualmente labora como redactor de El Nuevo Herald.

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